El 8 de mayo de 1987, en la conocida “Masacre de Ingeniero Budge”, fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En memoria de esa masacre de Budge, y de los cientos de chicos asesinados por fuerzas policiales, el 8 de mayo es el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26.811). En correlato con esta normativa, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los “establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
La violencia policial es una de las formas de nombrar a la violencia institucional. Son prácticas ejercidas por las fuerzas de seguridad que abusan, violentan, y se realizan de manera discriminatoria. La violencia puede ser física o psicológica. No son hechos aislados, no son errores ni excesos de las policías. Son prácticas que se repiten y terminan siendo parte del quehacer informal de la institución.
Muchas veces estas prácticas institucionales violentas parecen naturales y ni siquiera las víctimas de esa violencia suelen identificarla como momentos agresivos, donde se abusa y se discrimina. Esto se pone en evidencia en los casos de gatillo fácil, pero hay que buscarla también en las demoras por averiguación de identidad sin motivos, por ejemplo.
Así, desde el momento que las personas detenidas son siempre las mismas (en su gran mayoría jóvenes de barrios pobres) se convierten en mecanismos de control y discriminación.
Otras prácticas violentas, muchas veces iniciadas con una simple demora en la calle para pedir los documentos, son: la persecución y el hostigamiento, el maltrato y destrato, el “paseo” en patrullero para amenazarte, las demoras extorsivas en las comisarías, las coimas, las palizas y torturas, el armado de causas y las desapariciones.
Desde este Portal Educativo de ADF entendemos que no es suficiente con recordar e informarse… Hay que trabajar desde todos los Niveles Educativos estas cuestiones que son de gran importancia en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más democrática… Equipo ADFEDUCA
